Nueva Ley de Protección a la Infancia

Nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia: principales claves

Nueva Ley de Protección a la Infancia

Hoy se aprueba en el Consejo de Ministros la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como 'Ley Rhodes', cuya tramitación se vio interrumpida con el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Entre las novedades más destacadas, la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos más graves contra menores.

El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019.

Con la formación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado todos los trámites.

De hecho, fue uno de los primeros compromisos que asumió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llegar al poder, y al aceptar Pablo Iglesias el cargo como vicepresidente, se comprometió a que sería la primera iniciativa que sacaría adelante para que España adopte “los estándares internacionales más exigentes en lo que toca a la protección de la infancia”, pero la pandemia del coronavirus obligó a retrasar de nuevo su puesta en marcha.

Conocida como 'la Lrey Rhodes', recibe su nombre de James Rhodes, un pianista inglés afincado desde 2017 en España y que sufrió abusos sexuales por parte de un profesor de educación física durante su infancia.

En los últimos años se ha convertido en un gran embajador en la lucha por erradicar la violencia, los abusos durante la infancia y la adolescencia, tras enviar una carta a Pedro Sánchez ofreciéndose para trabajar conjuntamente en la lucha por los derechos de la infancia. El presidente del Gobierno aceptó su oferta y después de casi dos años la nueva ley sale a la luz, bautizada con su nombre.

Principales claves de la nueva Ley de la Infancia y Adolescencia

  • Será deber de todos denunciar «de forma inmediata» la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores.
  • Todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura: coordinador de bienestar y protección, encargado de velar porque se cumplan los protocolos obligatorios de actuación en los centros frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
  • El cónyuge y los familiares cercanos del agresor sí tendrán la obligación de denunciar cuando se trate de un delito grave contra una persona menor de edad, eliminando así una excepción habitual de la legislación.
  • El deber de comunicación se extiende también a los contenidos en Internet que “constituyan una forma de violencia o abuso” contra los menores.
  • Se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia.
  • Aparecerá la figura del trabajador o trabajadora social sanitario, que «contribuirá a una mejor atención en los servicios de salud de aquellos, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia».
  • Los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores.
  • Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia. Tener antecedentes registrados en este nuevo registro, será causa objetiva de despido en actividades que requieran contacto habitual con niños y adolescentes.
  • Para ampliar las garantías en las actividades relacionadas con menores, será obligatorio que «todos los trabajadores y trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como a las personas voluntarias”, acrediten no haber cometido delitos contra la libertad sexual.
  • Se contemplarán nuevos tipos delictivos a través de la tecnología, que puedan provocar graves riesgos para la vida y la integridad, así como una gran alarma social. Así, se castigará a quienes, a través de estos medios digitales, promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas.
  • La nueva ley prohibirá la publicidad que pueda provocar en los menores «conductas violentas» o que incluyan estereotipos sexistas, racistas, estéticos o de «carácter homofóbico o transfóbico».

Aumento de las penas por delitos contra menores

  • El plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre cinco y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
  • Se elimina el perdón de la víctima menor como causa de extinción de la responsabilidad criminal.
  • Se contemplan penas de hasta cuatro años por promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad a través de internet, y de hasta tres años si se trata de incitar a la autolesión o a consumir e ingerir productos que supongan un riesgo de salud para las personas.
  • La ley Rhodes, incluirá que la inhabilitación para actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, será de entre tres y cinco años que se suman a la duración de la pena de cárcel. No obstante, podría ser de hasta diez años cuando no ha existido prisión.
  • Se añadirá una “pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”, en casos de trata de seres humanos, castigada con la pena de cinco a ocho años de prisión.
  • Los penados por homicidio o por asesinato serán castigados con la privación de la patria potestad, cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o cuando la víctima fuera hijo del asesino.
  • Vía | RTVE

Fotos | iStock

En Bebés y Más | Los alumnos de centros públicos de Madrid que no denuncien casos de bullying serán castigados hasta con seis días de expulsión, «Yo lo avisaba, ellos miraban para otro lado», la emotiva carta de una madre alertando del bullying que sufría su hijo antes de suicidarse

Источник: https://www.bebesymas.com/noticias/nueva-ley-proteccion-a-infancia-adolescencia-frente-a-violencia-principales-claves

Aprobada la ley de protección para la infancia, que amplía la prescripción de abusos

Nueva Ley de Protección a la Infancia

El Gobierno ha aprobado este martes 9 de junio en Consejo de Ministros el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para su remisión al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria.

La norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'.

  • Iglesias pide «perdón» a los niños que sufrieron abusos

La norma fue bautizada por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030,Pablo Iglesias, como 'Ley Rhodes' por el pianista británico del mismo apellido, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y que ha luchado por la aprobación de esta norma.

Precisamente, uno de los cambios que conllevará esta nueva ley será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, como los abusos sexuales, no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Actualmente, empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

A pesar del aumento que prevé el anteproyecto, asociaciones de víctimas de abusos lo consideran insuficiente y han reclamado que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 40 años.

Además, la futura ley plantea crear una nueva figura en todos los colegios, la del «coordinador de bienestar y protección», una función que el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales ha reivindicado para ellos.

Asimismo, la ley establece que se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Víctimas de abusos en la Iglesia han lamentado que la nueva ley «silencia» sus casos pues «no menciona» la pederastia eclesial.

Deber de denunciar al cónyuge

Por otro lado, la futura Ley obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.

En general, la normativa establece que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad aun cuando no sea delito, especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.

Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia. Igualmente, se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia. También se prevé una jurisdicción específica para estos delitos.

Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores.

Esta medida iría dirigida a evitar casos como el que está investigando la Fiscalía sobre la presunta explotación sexual que sufrieron 16 menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Además, según dicho texto, se obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años.

Con esto se pretende evitar la denominada victimización secundaria, para que el menor o persona con discapacidad no se vea expuesta a narrar de forma reiterada a lo largo del procedimiento penal los hechos traumáticos que ha sufrido o presenciado.

Privación de la patria potestad

Además, la futura norma configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

Igualmente, la norma concede nuevos derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos sea una persona menor de dieciocho años en línea con el Estatuto de la víctima del delito.

En cuanto a la sustracción de menores, se introduce como posible sujeto activo en el tipo penal el progenitor que únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estancias.

Ambos progenitores decidirán la residencia

Por otro lado, se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores.

De este modo, se requerirá consentimiento de ambos o autorización judicial para el traslado del menor, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.

También se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que integren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico.

Además, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, tanto sobre los niños, niñas y adolescentes, como sobre las personas de edad avanzada e incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

La norma también incluye nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.

Igualmente, se regula el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.

«Parentalidad positiva»

Junto con estas medidas, el texto prevé promover la «parentalidad positiva», la adquisición de competencias emocionales, de negociación y resolución de conflictos en base a la situación y necesidades de los progenitores, o en su caso, de las personas tutoras o guardadoras o acogedoras.

El anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019, y una vez más en 2020 debido a la pandemia del Covid-19.

Con la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública y todos los trámites de los órganos que pueden requerir informes prescriptivos, según precisaron estas entidades.

El anteproyecto normativo establece un concepto de violencia amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el descuido o el trato negligente.

Источник: https://www.lne.es/espana/2020/06/09/aprobada-ley-proteccion-infancia-amplia-14525607.html

Nueva Ley de Infancia: un avance para la protección del menor en España

Nueva Ley de Protección a la Infancia

El pasado mes de junio se aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. El anteproyecto, hasta su aprobación, se ha visto pospuesto en dos ocasiones, pero, finalmente, ha pasado a trámite parlamentario. 

Los datos sobre la violencia infantil durante el estado de alarma son preocupantes. La Fundación ANAR ha atendido 11.

682 peticiones (más de dos mil de casos graves) a través de diversos canales. La aprobación del anteproyecto de ley es importantísimo para garantizar los derechos de miles de niños/as y adolescentes en España.

Una ley que introduce cambios significativos que mejoran la legislación actual. 

Un paso al frente contra la violencia infantil

La aprobación del anteproyecto de ley supone un avance y una mejora legislativa contra la violencia infantil. Desde su aprobación se han dado a conocer los diferentes cambios que se introducirían con esta ley.

La más significativa es el aumento de la prescripción de delitos graves. Era una de las peticiones que habían hecho las organizaciones, porque en la actualidad cuenta a partir de que la víctima cumple 18 años.

La nueva ley propone que empiece a contar a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad. 

Otro de los cambios que se introduce con la nueva ley es la creación de la figura del coordinador/a de bienestar y protección en los centros educativos.

Su función será la de preservar el funcionamiento de los protocolos de actuación frente a situaciones de acoso o de cualquier tipo de violencia.

También la figura del delegado de protección en entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con menores, con una función similar a la del coordinador/a de bienestar. 

La especialización en los juzgados es otra de las novedades que acoge la nueva ley.

Se establece que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y locales cuenten con unidades especializadas en la prevención de situaciones violentas contra menores.

Además a las personas funcionarias que trabajan en servicios sociales se les atribuye la condición de agentes de la autoridad. 

Se incluye una nueva regulación de los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación.

Así como endurecer las condiciones y permisos penitenciarios para aquellas personas que estén penadas por delitos contra la indemnidad y la libertad sexual de menores de 16 años.

A continuación, se pueden observar en la infografía algunos de los cambios que introduce esta nueva Ley de Infancia, también conocida como Ley Rhodes:

Una vista a Australia, Estados Unidos y Reino Unido

Tal como se ha incidido con anterioridad, la nueva ley supone mejoras, pero ¿son suficientes? Países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido contemplan en su legislación mejoras para la protección de menores. Por este motivo, se ha hecho una vista comparativa sobre similitudes y diferencias que acoge esta nueva ley frente a los países citados.  

La ampliación de la prescripción de delitos supone una mejora. Sin embargo, Australia o Reino Unido contemplan en su legislación que el delito no prescriba. En algunos de los estados de EE.UU.

también se acoge esta norma. La obligatoriedad a la hora de denunciar abusos sexuales a menores también se encuentra en países como Australia, donde se obliga a profesionales (profesorado, médicos/as, enfermeros(as, etc.

) a comunicarlo a las autoridades. 

Las nuevas medidas suponen un avance en la legislación para la protección del menor en España. En la siguiente tabla, se pueden observar los cambios que se introducen en comparación con otros países: 

Almudena Escorial: “Una de las cuestiones que debemos reforzar es el enfoque de género”

Créditos: Sara Pista / Plataforma de Infancia.

La Plataforma de Infancia ha sido una de las organizaciones que ha formado parte de este proceso.

Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, reconoce que ya están trabajando en cómo mejorar este anteproyecto de ley de cara a su tramitación parlamentaria.

Escorial considera que esta ley tiene como fin “la erradicación de la violencia” y con un “componente de sensibilización social muy grande”.

Algunas expertas señalaron que esta nueva ley chocaba con la de violencia de género. Escorial reconoce no haber detectado ese choque, pero sí consideran primordial mejorar el enfoque de género. “Habrá que contemplar formas de violencia específicas como los matrimonios forzosos, la ablación, la violencia de género…”, apunta Escorial. 

“El abuso sexual en el ámbito familiar es un problema, en el sentido de que es una forma de violencia muy invisible, muy difícil de detectar y de proteger a los niños”, afirma Escorial.

Es una gran problemática porque debido a esa invisibilización resulta más complejo ayudar a los jóvenes.

Escorial considera que habría que “fortalecer esos mecanismos para que las formas de violencia más invisibles puedan detectarse antes”.  

Carme Tello: “Como primer paso es una buena ley”

Fotografía cedida por Carme Tello.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) es una de las organizaciones que ha estado trabajando de manera constante para la prevención del maltrato infantil.

Carme Tello, presidenta de FAPMI-ECPAT, hace una valoración positiva del anteproyecto, pero considera fundamental una dotación económica para llevarla adelante

El abuso intrafamiliar es el más oculto porque se corre el riesgo de que lo que no se ve no existe”, afirma Tello.

Esa invisibilidad provoca que muchos niños/as padezcan este tipo de violencia y no pueda ser detectada.

Se necesita dar una mayor visibilidad a este tipo de violencia sobre la infancia y, tal como señala Tello, detectar las señales de maltrato intrafamiliar para poder actuar de una forma rápida. 

La especialización de los juzgados es uno de los cambios que introduce esta ley. Tello cree que es importante la creación de un juzgado específico contra el maltrato a la infancia y la adolescencia, así como el compromiso económico para poder llevarla a cabo. 

UNICEF Comité Cataluña: “Tenemos mucho camino por recorrer”

Organizaciones como UNICEF están comprometidas en la lucha para garantizar los derechos de los niños/as alrededor de todo el mundo. UNICEF Comité Cataluña señala el avance que supone esta nueva ley porque “promueve un cambio de paradigma en relación al abordaje de la violencia contra la infancia”. 

El objetivo que se promueve con esta ley es la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

UNICEF Comité Cataluña señala que la sociedad sigue presente “la idea de que en algunas ocasiones el uso de la fuerza física o el castigo físico son necesarios o educativos”.

Unas acciones intolerables que deben erradicarse con políticas que conciencien a la sociedad de la importancia de proteger los derechos de la infancia.  

Es importante que la ley incorpore en todo momento la perspectiva de género”, afirman desde UNICEF Comité Cataluña. Señalan la necesidad de poner la “atención a dicha perspectiva si se quieren dar respuestas adecuadas que hagan posible avanzar hacia una sociedad más respetuosa con los derechos de los niños/as”. 

Tramitación parlamentaria

La aprobación del anteproyecto de ley se produjo el pasado 9 de junio de 2020. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer hasta la puesta en vigor de la nueva Ley de Infancia. Durante este tiempo se producirán posibles cambios y enmiendas para la redacción final y la aprobación de la misma.

Diferentes organizaciones, así como el Ministerio de Igualdad, trabajan en modificaciones de cara a septiembre. La perspectiva de género es uno de los temas que más se está considerando para incluirlo en la ley, unas modificaciones que no se han realizado antes para no retrasar más tiempo su tramitación.

Источник: http://www.aikaeducacion.com/en-profundidad/nueva-ley-de-infancia-un-avance-para-la-proteccion-del-menor-en-espana/

La Ley de Protección de la Infancia fomentará la denuncia de violencia aunque sólo haya indicios

Nueva Ley de Protección a la Infancia

En la política actual no suele ser habitual que una ley provoque el consenso de todas las formaciones políticas.

Y más aún que reuniéndolo y siendo una prioridad de sucesivos gobiernos, haya permanecido en el cajón.

Todos estos requisitos aúna la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que al fin verá la luz verde del Consejo de Ministros el próximo 9 de junio.

Una normativa que reforzará la exigencia del deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito.

Esta normativa es la primera que impulsa la vicepresidencia social de Pablo Iglesias. Se ha trabajado sobre la propuesta que tenía ya elaborada el PSOE y estaba previsto que el Gobierno la aprobara en marzo, pero la pandemia del coronavirus paralizó los plazos. Ahora, la coalición la rescata.

Los partidos pidieron este jueves a Iglesias en el Congreso conocer un texto al que no han podido acceder y sobre el que no se les ha consultado. La Ley afrontará un trámite parlamentaria donde el Ejecutivo tiene intención de negociar mejoras (enmiendas) con las formaciones.

Centros escolares, foco de vigilancia

El texto que propone el departamento de Iglesias generaliza el deber «para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niña o adolescentes». Lo que persigue la Vicepresidencia social es realizar un trabajo precoz, detectar estas situaciones antes de que el problema vaya a mayores.

La normativa pretende rescatar de la invisibilidad situaciones de violencia en niños y adolescentes. Por eso, pone el foco en aquellas personas que más tiempo pueden pasar con ellos. Los centros escolares se configuran como un punto neurálgico en la lucha contra esta violencia.

Así, ese deber de denunciar de los ciudadanos se formula de manera más exigente para aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.

Para ello, la ley establece que las Administraciones Públicas deberán establecer mecanismos adecuados de comunicación, accesibles y seguros con el objetivo de dotar seguridad estos canales para fomentar la comunicación de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes por otros menores.

Nace el 'delegado de protección'

Esta ley que quiere abanderar Iglesias se trata de una normativa que choca con competencias de otros ministerios. Por lo que es necesaria una coordinación. Por ejemplo, se ha trabajado de forma coordinada con la reforma de la Ley de Educación, para crear la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos.

Su función consistirá en asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia.

Las actividades extraescolares, deportivas, donde se han dado casos de abuso y violencia, también merecen atención.

Se crea la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad para informar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito.

Prescripción de delitos

Asimismo, los centros de protección deberán contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a las situaciones de violencia comprendidas en esta ley.

Estos protocolos, según pretende la ley, tienen que contemplar específicamente actuaciones respecto a la trata de seres humanos, el abuso y la explotación sexual de personas menores de edad sujetas a medidas protectoras y que residan en dichos centros.

Otros dos importantes novedades de esta Ley son, por una parte, que extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad.

Y, por otra parte, crea nuevos tipos delictivos con el propósito de evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como gran alarma social.

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Источник: https://www.elmundo.es/espana/2020/06/05/5ed94f0e21efa0d4268b459f.html

Ley de protección a la infancia: preguntas y respuestas

Nueva Ley de Protección a la Infancia

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuya tramitación se vio interrumpida por la pandemia, tal y como ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. 

El anteproyecto ya fue aprobado en diciembre de 2018, pero con la convocatoria de elecciones en abril y noviembre, y la nueva formación de Gobierno dilató el proceso legislativo. Según Iglesias, la elaboración de esta ley “se ha producido a lo largo de varios gobiernos de distinto signo político”: “Queremos que sea una ley de amplio consenso”, ha añadido. 

[Violencia e infancia: un colectivo vulnerable que no cuenta con medidas específicas durante el estado de alarma]

En España, los últimos datos disponibles sobre violencia a menores son de 2018, publicados a finales de 2019 en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. El informe señala que en 2018 se denunciaron 5.

382 casos de violencia sexual hacia niños y niñas, cifra que supone el 49,2% del total de denuncias contra la libertad sexual en ese año. Además, las denuncias de malos tratos a menores en el ámbito familiar aumentaron, pasando de 4.875 casos en 2017 a 5.

105 en 2018, un incremento del 4,5%.

Uno de los cambios más significativos que introduciría este proyecto de ley es que el plazo de prescripción de los delitos más graves no empezará a contar hasta que la víctima cumpla los 30 años.

Pero también pretende introducir modificaciones en lo penal y en el ámbito educativo, así como reforzar medidas ya existentes, como la necesidad de tener un certificado, a la hora de trabajar con menores, que indique que no tienes una sentencia firme por un delito contra la libertad sexual. 

¿Cuánto se amplía el plazo de prescripción?

Hasta ahora, los delitos graves contra un menor (por ejemplo, abuso sexual o explotación sexual) prescribían en un plazo de entre 5 y 15 años a contabilizar a partir de que la víctima cumpliese 18 años. El proyecto de ley propone ampliar este plazo de modo que los delitos comiencen a prescribir cuando la víctima haya cumplido los 30 años de edad.

Según el texto legislativo: “Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico y, muchas veces, de tardía detección”. 

Cristina Sanjuán, técnica de Políticas de Infancia de Save the Children, explica a Newtral.

es que este nuevo plazo, con el que los delitos más graves prescribirían cuando la víctima tiene 45 años y no 33 como hasta ahora, “se adapta a la realidad de quienes han sufrido abusos en la infancia”: “Muchas víctimas tienen la dificultad de dar un paso adelante y hablar de lo que les pasó. Retrasar la prescripción del delito se adapta mejor a su situación”.

Además, según el proyecto de ley, se eliminaría “el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la responsabilidad criminal cuando la víctima del delito sea una persona menor de 18 años”.

¿Quién tiene el deber de denunciar?

“Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad está obligada a comunicarlo de forma inmediata”. Así lo explicita el proyecto de la ley de infancia en su artículo 14 titulado “Deber de comunicación de la ciudadanía”.

En el caso del personal cualificado (por ejemplo, docentes y sanitarios), este deber de comunicación sería “especialmente exigible” al considerar que “por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad” tienen “encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección” de los menores. 

Esto, en cierto modo, entronca con la figura del “coordinador o coordinadora del bienestar y protección”, cuya existencia sería obligatoria en cualquier centro educativo donde cursen menores de edad, según propone el documento legislativo. Entre sus funciones estaría, entre otras, la de “promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado”. 

¿Y qué garantías hay sobre quienes trabajan con menores?

Aunque no es una medida de nueva creación, ya que existe desde que se aprobó la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en julio de 2015, el proyecto de ley “pretende reforzar esta cuestión”, apunta Cristina Sanjuán, de Save the Children. Esta medida consiste en convertir en requisito indispensable para cualquier profesión que implique contacto habitual con menores la posesión de un documento que certifique que no existe ninguna condena previa, y por sentencia firme, por un delito contra la libertad sexual. 

Según Sanjuán, esto “daría garantías de que la persona no tiene antecedentes penales por abusar sexualmente de un menor, por lo que es un método de prevención a la hora de trabajar en el ámbito de la infancia y de la adolescencia”.

Esta circunstancia se debe acreditar mediante “la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales”. 

El proyecto de ley, además, incide en que “el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de antecedentes”, aunque estos sean anteriores al inicio de la relación laboral.

¿Qué novedades hay en el ámbito judicial?

Tanto Cristina Sanjuán como Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, coinciden en destacar la prueba preconstituida. Esto es, según Ibarra, “una única declaración del menor durante la fase de instrucción”.

“Cuando fuera necesaria, la declaración del menor se realizará en una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente formados. Excepcionalmente podrá tomarse más de una declaración a la persona menor de edad cuando resulte imprescindible para la elaboración del atestado”, apunta el documento aprobado por PSOE y Unidas Podemos.

Según explica el director de la Plataforma Infancia a Newtral.es, “se grabaría el testimonio del menor en fase de instrucción y esta grabación sería válida durante todo el procedimiento judicial”.

Esto evitaría que el menor tenga que contar en más de una ocasión los hechos vividos: “Era una sensación muy traumática para el niño o la niña. Y no solo eso, también hemos visto juicios en los que al menor no se le ha dado credibilidad porque el testimonio parecía aprendido.

Pero es que cuando cuentas lo mismo en reiteradas ocasiones, se tiende a aprender la declaración”. 

Ibarra destaca, además, la ausencia de juzgados especializados: “A falta de ver el texto definitivo, queda más en un compromiso y no tanto en una obligación de desarrollarlos para esta ley. Es algo por lo que habrá que seguir peleando”.

Si bien el documento legislativo indica que en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la ley debería producirse “una especialización, tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad”, sobre la creación de juzgados específicos, que se llamarían Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, solo señala que se planteará su inclusión.

[Vivir la cuarentena en una residencia de menores: así pasan los niños la crisis del coronavirus]

Источник: https://www.newtral.es/ley-proteccion-infancia-preguntas-respuestas/20200610/

Embarazo y niños
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